domingo, 12 de diciembre de 2010

Distribución de Competencias Urbanísticas, entre el Estado y las CC.AAs, en la C.E.

La Constitución Española de 1978 (C.E) abre el sistema normativo urbanístico, estableciendo un sistema articulado donde antes existía otro unitario, al atribuir competencia legislativa a las Comunidades Autónomas.

El marco de competencias de las Comunidades Autónomas es tratado directamente en el artículo 148 de la Constitución, en virtud del cual se atribuyen a aquellas la competencia exclusiva, en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; dicha competencia incluye tanto el poder de legislar, como los poderes de gestión y ejecución, pero ello no significa que se desprovea de toda facultad en materia relacionada con el urbanismo al Estado, cuyas competencias vienen fijadas en el artículo 149 de la Constitución y que en su punto 1.1º recoge “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”.

El mecanismo de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas se recoge, por tanto, en los artículos 148 y 149 de la Constitución. Si el artículo 148 atribuye a las Comunidades Autónomas competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio y urbanismo, estas normas autonómicas tienen que coexistir en todo caso con aquéllas que dicte el Estado, al amparo del artículo 149, sobre establecimiento de las “condiciones básicas” que garanticen la igualdad de todos en el ejercicio de un derecho tan fundamental como es el de la propiedad reconocido, definido y delimitado en el artículo 33 de la Constitución.

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